ANÁLISIS DE LA LEY 1178
En un análisis sobre la
corrupción en el país es necesario tomar en cuenta la Ley 1178 del 20 de julio
de 1990, mejor conocida como Ley Safco, la cual regula el modelo y sistemas de
administración de bienes y recursos del Estado, además de establecer el régimen
de responsabilidad por la función pública. Esta norma fue elaborada y
promulgada en un momento muy particular.
Recordemos, por tanto: desde 1985 empieza una disminución del aparato
productivo público, el número 21060 ha quedado grabado en la memoria de miles
de bolivianos que fueron “relocalizados”, junto con los miles de bolivianos
despedidos desde entonces y durante la década de los 90 por el achicamiento del
Estado. En 1992 se promulgó la Ley de Privatización; en 1994 la famosa Ley de
Capitalización; en 1995 se vendió el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) a la VASP y
empezó la historia de capitalizaciones y privatizaciones: ENDE, Enfe, Entel,
YPFB, etc. Es decir, la llamada Ley Safco fue pensada para un Estado que
desmantelaba su base productiva, sus empresas y, en consecuencia, pasaba a
vivir de los impuestos. A ello se denominó programa de ajuste estructural.
Entonces, tanto la Ley Safco y
sus decretos respectivos fueron pensados para un Estado pequeño, mínimo, que
debía cuidar con recelo sus recursos. Recordemos que esta ley era parte del
conjunto de recomendaciones del FMI y del Banco Mundial que llevaron a la
crisis no solo de este país, sino de otros (recuérdese a la Argentina de
finales de los 90).
Entonces, se puede decir que la normativa sobre administración de recursos y
bienes del Estado no fue pensada para un Estado tan grande como es el actual,
sino para uno pequeño, como era el Estado boliviano de los 90.
¿Por qué si actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia es el más grande
empleador y uno de los mayores inversores de la economía boliviana no se cambió
la norma?
Será que la mala fama que
tenía la administración pública neoliberal y porque la palabra corrupción vende
bien. Y en vez de reformar la Ley Safco se la endureció, con normas como la Ley
Marcelo Quiroga Santa Cruz. Dicho de otro modo, se trató con normas penales un
déficit de normas administrativas. Bolivia precisa de un Derecho Administrativo
serio. ¿ESTA EN ACUERDO O DESACUERDO CON
ESTE PUNTO? espero sus comentarios. Gracias por la lectura
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